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viernes, 13 de agosto de 2021

LA BUENA SUERTE, DE ROSA MONTERO


Crítica literaria realizada por mí a la novela La buena suerte, de Rosa Montero (Edit. Alfaguara, 2020). Ha sido publicada el 14 de junio de 2021 en la web de la Asociación Colegial de Escritores-Sección de Andalucía. La dirección es la siguiente:

https://www.aceandalucia.es/la-buena-suerte/ 

El texto es el que sigue:

La buena suerte, de Rosa Montero (Edit. Alfaguara, 2020)

Por Fuensanta Martín Quero

 

A través de una historia de amor y con una escritura que seduce en cada párrafo, Rosa Montero plantea como telón de fondo en La buena suerte una reflexión acerca del mal, la actitud que se puede adoptar ante este y el triunfo de la vida pese a todo.

  

Hay quien afirma que considerar que se tiene buena o mala suerte es una cuestión de percepción; es decir, aquello de ver el vaso medio lleno o medio vacío. De una parte está el optimista nato que filtra cualquier situación, por adversa que sea, a través de una especie de tamiz que depura y desecha cualquier visión oscura de la realidad y deja a la vista el resplandor de lo bello o, sencillamente, de la calma, y, de otra parte, el pesimista que, aunque en palabras de Mario Benedetti no es más que “un optimista bien informado”, arrastra sobre sí mismo un cúmulo de experiencias vitales transformadas en opacidades cargadas de pesadumbres y miedos. Claro está, entre ambos existe toda una gama de personalidades intermedias.

Esa polaridad es la que se observa en La buena suerte, la última novela publicada de Rosa Montero (Edit. Alfaguara, 2020). En ella nos encontramos con una trama nada compleja, pero bien construida y con una narración capaz de seducir desde el primer párrafo. A través de una historia de amor entre una mujer rumana de alrededor de cuarenta años y un arquitecto afamado pasado de los cincuenta, la autora plantea temas cruciales que irán emergiendo a lo largo de la narración. Ambos personajes son antagónicos y complementarios entre sí. Tanto él como ella han tenido un pasado duro, lleno de adversidades, y, sin embargo, la percepción que cada uno experimenta de esas vivencias y de sus respectivas realidades los sitúan en polos opuestos. La mujer es un dechado de vitalidad, lo que se refleja en sus actos e incluso en sus ademanes y en su manera de moverse; es resuelta y capaz de dar un giro de ciento ochenta grados en la forma de concebir las situaciones más escabrosas, hasta tal punto de que llega a considerar que tuvo muy buena suerte cuando, como consecuencia de un accidente de tráfico que le dejó secuelas físicas, perdió la consciencia, no enterándose así ni del dolor que pudiera haber sufrido ni de la operación que los médicos le practicaron. En cambio, él se instala en una parálisis emocional que lo conduce a ocultarse en un pueblo medio vacío, feo, deprimente, casi perdido y ajeno a lo que conocemos por civilización. El propio nombre de este conjunto de edificaciones viejas y desangeladas es significativo porque desvela la metáfora que en sí mismo expresa: Pozonegro. Que es como decir abismo. Desde esa parálisis emocional el arquitecto va evolucionando lentamente a lo largo de la novela gracias a la vitalidad que va recibiendo de la rumana hasta volver a encontrar el camino de vuelta hacia sí mismo y hacia su antiguo mundo urbano. Se podría decir que él es rescatado por ella, pero igualmente ella, pese a la percepción optimista que tiene de la realidad, también es rescatada por él de su soledad y del ambiente turbio del pueblo, en el que habitan personajes raros y con frecuencia pertenecientes al inframundo, un lugar en el que la vida se encuentra baldía entre viviendas, calles y rincones casi muertos. En ese ambiente, las vidas de Pablo y de Raluca, que así se llaman ambos personajes, coinciden y van a ir fraguando una relación que de amistad pasa a ser amorosa, cuyo final (feliz o no) le corresponde al lector o lectora averiguar.

Es un libro de lectura amena, en el que resalta la capacidad de su autora para mantener el pulso con una narración limpia, sin recargamientos y con una soltura expresiva propia de una gran narradora que permite deleitarnos en cada página sin esperar al final. Utiliza simbolismos, imágenes y metáforas que se presentan en forma de contextos o de elementos físicos como el tren que pasa justo por delante del viejo bloque de pisos en el que se ha instalado el arquitecto, y cuyo sonido onomatopéyico lo incluye la autora en diferentes pasajes con significados diferentes, a veces reflejando oscuras emociones, y otras, eufóricas esperanzas, según el momento narrativo. Rosa Montero muestra asimismo una gran habilidad a la hora de cambiar de narrador a lo largo de los capítulos que, dicho sea de paso, cierra magistralmente. Así, a través de pensamientos contados en primera persona, desvela las maldades engendradas en la mente de uno de los personajes más funestos de la novela.

Es precisamente el Mal, escrito con mayúscula inicial en el libro (personificación que pretende resaltarlo dándole cuerpo y nombre propio), el que constituye uno de los temas centrales de la narración. Pero el mal al que se refiere es al que procede de las personas, es el daño que unos individuos infligen a otros; o mejor dicho, la capacidad de realizarlo que tienen aquellos. En este sentido, la autora plantea una reflexión acerca de la crueldad al dejar entrever un gran interrogante al respecto: el porqué de esa maldad extrema.

Pululan personajes en la narración que pertenecen a ese tipo de seres que pueblan nuestro mundo, cuyas maldades son capaces de destruir, de provocar sufrimientos, de causar dolor y muerte no solo a otras personas sino también a animales, porque Rosa Montero se suele manifestar defensora de los derechos de estos, es sensible a la crueldad que se pueda practicar a los mismos, y esa sensibilidad la evidencia (yo diría que como mensaje de denuncia en el que no quiere olvidarse de ellos) en uno de los capítulos del libro donde se describe una situación cruenta y desgarradora de una perra que ha sido asesinada por individuos viles y despiadados.

A lo largo de la novela surgen personajes, pensamientos de algunos de ellos, ambientes, acciones, recuerdos y lugares que van encarnando ese Mal con mayúscula, el daño causado o que se intenta causar a inocentes por gente sin escrúpulos. Y, sin embargo, la historia que se cuenta en primer plano atenúa el efecto agrio que todos esos elementos pudieran provocar en el/la lector/a. La acidez se modula sin que por ello se niegue su existencia. Así, en uno de sus últimos capítulos, y también de los más largos, con el que se llega al clímax de la historia, el arquitecto se dirige en plena noche a la mina abandonada que antaño constituyó el motor económico del pueblo y que se encuentra a varios kilómetros de este, en donde tendrá que entregar una suma de dinero considerable a unos individuos que lo están extorsionando y que pertenecen al mundo de la delincuencia. El instigador principal de ese grupo no llega a aparecer en ningún momento de la narración aunque es el que está detrás de una serie de actos violentos a los que Pablo se ve sometido. Ese personaje constituye la presencia metaforizada del Mal. El entorno de la mina, sin embargo, es descrito de forma sublime por la autora a pesar de la decrepitud del ambiente: el abandono, la suciedad, la ruina física, la nocturnidad proyectada sobre los objetos viejos y sobre las pilas de restos de minerales, o la boca oscura de la mina con su apariencia de enigma y de pérdida, se describen con una gran carga simbólica y hasta se podría decir que casi poética. Todo ese contexto constituye en sí mismo un nuevo símbolo del Mal, un lugar físico en el que los pensamientos del protagonista se exacerban a través de una afluencia de imágenes de experiencias pasadas, unas idas y venidas de emociones, a veces contrapuestas, debatidas entre el amor, la culpabilidad, la tristeza, el arrepentimiento, el horror y el miedo.

Existe, como digo, un planteamiento de fondo en la novela sobre la maldad y la crueldad suavizado por una historia de amor y por las actitudes vitalistas de Raluca, que se presenta como un personaje de contrapunto cuya forma de pensar y de actuar ofrece una posibilidad de salvación, porque frente a las maldades de este mundo se sitúa la gente que con sus actos las contrarrestan, y este es precisamente uno de los mensajes subyacentes del libro. El Bien (también con mayúscula inicial) frente al Mal. Pablo, en cambio, es víctima de este último, y su percepción de la vida lo ahonda aún más en su victimismo. A través de los pensamientos de este personaje se vislumbra la faceta periodística de Rosa Montero al contarnos sucesos que han acaecido en la realidad y que en su momento fueron objeto de noticia por los medios de comunicación. Hechos horribles y violentos de hijos e hijas secuestrados y torturados por sus padres durante años, de hombres que violaron y asesinaron a sus hijas, a otras jóvenes y a sus mujeres, o de masacres colectivas llevadas a cabo sin escrúpulos por jóvenes «con el cerebro podrido por los dogmas» o por algún individuo de apariencia normal que en un determinado momento de su vida dejó de serlo y que la autora aprovecha para dejar abierto un nuevo planteamiento acerca de la posible raíz biológica de algunos de estos comportamientos. Lo que pone de manifiesto sobre todo a través de una historia contada en el libro Incógnito del neurocientífico David Eagleman, que leyó Pablo, relativa a una matanza colectiva que perpetró un estadounidense de 25 años en 1966 disparando a la gente que pasaba por la calle desde la torre de la Universidad de Texas, en Austin. La noche anterior dejó una nota escrita reconociendo la existencia de pensamientos irracionales que le abordaban en los tiempos previos a aquella atrocidad, precedida, además, por el apuñalamiento a su madre y a su esposa, pese a quererla mucho. Un joven que había sido considerado antes de aquel acto horrible como «el típico buen chico» y que de forma inexplicable se había transformado en el verdugo de aquella tragedia colectiva. ¿Podría haber tenido que ver en el cambio de comportamiento de ese  individuo el hecho de que en su cerebro se formara un tumor pequeño que le oprimía la amígdala, glándula situada en el interior del mismo donde se gestionan nuestras emociones?¿Realmente era responsable de sus actos, o no lo era del todo?, se cuestiona la autora dejando esta reflexión abierta. Y, por extensión, podríamos preguntarnos: ¿dónde reside el origen del mal infligido por ciertas personas? ¿Tiene este una base biológica? Preguntas que no exculpan de la malignidad de tales crueldades, sino más bien constituyen el resultado de la incapacidad de poder asumir que existan sujetos que lleguen a provocar tanto daño y sufrimiento. La novela plantea la búsqueda de una explicación que, en definitiva, parece inalcanzable.

En este sentido, y dicho sea de paso, en los años setenta del pasado siglo se llevó a cabo un experimento por parte del psicólogo de la Universidad de Stanford, Philip Zimbardo, con el objetivo de determinar hasta qué punto la conducta maligna o benigna de los individuos está determinada por el contexto al que pertenecen, es decir, por una condición externa a los mismos. Para ello se utilizaron los sótanos de la universidad, que se acondicionaron como si fueran cárceles, de tal manera que parecieran reales, y se seleccionó a un grupo de estudiantes con un perfil de personas normales a los que se le asignaron roles de guardianes a unos y de prisioneros a otros, debiendo convivir de esta forma durante algunas semanas. Pocos días después, el experimento tuvo que ser suspendido debido al alto nivel de tensión que se generó entre los estudiantes, llegándose a producir escenas de violencia física y trato vejatorio. Se demostró así que personas que a priori tienen una naturaleza buena pueden convertirse en auténticos seres perversos como consecuencia de la influencia del ambiente. Sin embargo, el propio Philip Zimbardo, en una entrevista realizada por Eduardo Punset en el programa REDES, de RTVE, titulado La pendiente resbaladiza de la maldad, emitido el 4 de abril de 2010, reconoció que una misma situación puede provocar que ciertas personas actúen violentamente y, en cambio, en otro tipo de personas influye en sentido inverso convirtiéndolas en héroes que se entregan a una causa que beneficia a los demás. ¿Existe, pues, un determinismo en las conductas que producen daño?

Como digo, los planteamientos que giran en torno a la existencia del mal originado por cierto tipo de gente y sus nefastas consecuencias en los seres humanos constituyen uno de los temas de fondo de La buena suerte. Pero, al mismo tiempo, la percepción que cada cual adopta ante él vertebra esta narración. Todo ello conducido por una historia de amor que se nos presenta en primer plano y una parálisis emocional en la que el protagonista principal se encuentra y de la que se va a ir liberando poco a poco a medida que los hechos y el tiempo transcurren. La maldad aqueja a nuestro mundo, pero simultáneamente la bondad que la contrarresta existe de manera inequívoca. Este es un mensaje alentador que la autora nos deja en una narración que seduce y atrapa en cada párrafo y cuya historia encierra en sí misma planteamientos  importantes. Adoptar una actitud maligna o benigna es cuestión, a priori, de una decisión (condicionada o no por el ambiente, por la biología o por ambos), como también lo es la percepción que de ello podamos asumir, porque, a pesar de todo, la vida sigue y la oscuridad podrá convertirse en noche estrellada o en abismo, según queramos verla. El mal, la actitud ante la adversidad, y el Amor (también con mayúscula) como medio de salvación. Estos son los temas cruciales y la reflexión que Rosa Montero deja abierta en esta novela en la que se apuesta claramente por la vida, pese a todo. Una reflexión de incuestionable raíz humanista.

 


miércoles, 19 de mayo de 2021

ARTÍCULO SOBRE POEMAS DE LA OFICINA, DE MARIO BENEDETTI

En el número 16 de Sur. Revista de Literatura, correspondiente al mes de abril de 2021, se ha publicado un artículo escrito por mí recientemente sobre el libro Poemas de la oficina, de Mario Benedetti, con el que el poeta uruguayo se dio a conocer a mediados de los años cincuenta del pasado siglo. En él ofrezco un análisis pormenorizado del libro. Para poder leerlo hay que entrar en el siguiente enlace (artículo número 9): http://www.sur-revista-de-literatura.com/Monografia16.html






 

jueves, 29 de abril de 2021

TRES POEMAS DE LA PALABRA QUE LLEGA Y SU TRADUCCIÓN AL ALEMÁN

Se ha publicado en el día de ayer (28 de abril de 2021) en la Revista Almiar tres poemas cortos de mi plaquette La palabra que llega (Colección de poesía Wallada, nº 10, Edit. ExLibric, 2020), y su traducción al alemán por la poeta Alice Wagner.

Este es el enlace:

https://margencero.es/almiar/la-palabra-que-llega/







 


domingo, 18 de abril de 2021

CRÍTICA LITERARIA A MI LIBRO POEMAS DE LA OFICINA EN EL SIGLO XXI, POR INMACULADA GARCÍA HARO

La escritora malagueña Inmaculada García Haro ha publicado una crítica literaria realizada a mi libro Poemas de la oficina en el siglo XXI (Editorial Círculo Rojo, 2019) en la web de la Asociación Colegial de Escritores de España-Sección de Andalucía. La dirección es la siguiente:

http://www.aceandalucia.org/index.php?id=noticia0&tx_ttnews%5Btt_news%5D=33108&cHash=412f56f76d995301cbfd7f585


  

BIBLIOTECA DE ESCRITORAS/ES ANDALUCES (BECA)


DIRECTORIO:

 https://www.bibliotecaescritoresandaluces.com/fuensanta-martin-quero/


VIDEOTECA:

https://www.bibliotecaescritoresandaluces.com/horizonte-marino-del-libro-la-esencia-hallada-2007-por-fuensanta-martin-quero/

FOTONECA DE POESÍA

A continuación dejo la dirección para poder acceder al vídeo publicado en la Fonoteca de Poesía, en el que leo tres poemas de los que soy autora y que están incluidos en mi libro Interludio.Poesía escogida:

https://fonotecapoesia.com/fuensanta-martin-quero/


viernes, 16 de abril de 2021

CRÍTICA LITERARIA DE ANA HERRERA A MI LIBRO CASAS DE CAL

 En el número 9, otoño 2016, de Sur.Revista de Literatura se publicó la crítica literaria que la escritora Ana Herrera Barba hizo de mi poemario Casas de cal, publicado en el año 2014 (Editorial Celya). Esta es la dirección:

http://www.sur-revista-de-literatura.com/Resennas09/AHerreraFMQuero.pdf




sábado, 20 de marzo de 2021

ARBITRARIEDAD EN LAS PENALIZACIONES A LAS JUBILACIONES ANTICIPADAS CON 40 O MÁS AÑOS COTIZADOS

 

Tal como reza en la Consideración Preliminar del apartado V.RECOMENDACIONES del Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, aprobado el 27 de octubre de 2020 por la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del mismo, y posteriormente por el Congreso de los Diputados del Estado español el 19 de noviembre de 2020, «El Pacto de Toledo persigue establecer las bases para que los poderes públicos tomen sus decisiones en materia de pensiones», especificando «el consenso» como «elemento político indispensable». Dicho informe es resultado de ese consenso entre los grupos políticos que integran la referida Comisión, habiendo sido rubricado a modo de compromiso por cada uno de ellos con el respaldo del propio Congreso, es decir, de una de las dos Cámaras que conforman el poder legislativo del Estado. Ello quiere decir que su contenido, aun no teniendo fuerza de ley, constituye el eje vertebrador, la brújula, que la aprobación de una ley posterior sustentada en el mismo debe perseguir. Constituye, pues, el marco de actuación al que el legislador debe ceñirse en materia de pensiones porque, de lo contrario, pondría en cuestionamiento no solo la utilidad sino también la legitimidad del propio Pacto de Toledo, que se reduciría a una mera puesta en escena por parte del espectro político que lo integra.

En el cuerpo del citado Informe de Evaluación y Reforma se declaran expresamente directrices y principios que deben marcar, por tanto, las actuaciones posteriores materializadas en textos normativos con rango de ley. Concretamente, en la Recomendación 0 se especifica que «el Congreso de los Diputados: —Reafirma su compromiso en el mantenimiento, mejora y adaptación del sistema público de Seguridad Social y, especialmente, del sistema de pensiones, basado en la solidaridad intergeneracional y en el seno de cada generación, y a través del reparto equitativo de las cargas. —Se opone a cualquier transformación radical del sistema que suponga una ruptura de los principios en que se asienta el actual…». De forma explícita se dice, pues, que una de las dos Cámaras que constituyen el poder legislativo del Estado español se compromete a que el sistema de pensiones esté basado, entre otros principios, en el reparto equitativo de las cargas del mismo.

En correlación con dicho principio se encuentra el de contributividad, especificado en la Recomendación 11: «En línea con contenidos anteriores del Pacto de Toledo y con experiencias del entorno europeo, la Comisión constata la necesidad de preservar y reforzar el principio de contributividad, entendido como la existencia de una relación equilibrada entre el importe de la prestación reconocida y el esfuerzo de cotización previamente realizado por cada trabajador». Y esa correlación entre ambos principios se produce en la medida en que un desequilibrio en el de contributividad incide directamente en una vulneración de la equidad en el reparto de las cargas del sistema de pensiones, provocando como resultado una inequidad en dicho reparto. Esto se evidencia con la actual penalización que se está aplicando a las jubilaciones anticipadas de personas con largas carreras de cotización (concretadas en 40 o más años en la reivindicación que hacemos desde la asociación ASJUBI40). La aplicación de los coeficientes reductores en estos casos de trayectoria laboral amplísima, que conlleva un esfuerzo de cotización claramente diferenciado respecto de los demás colectivos de pensionistas, vulnera el principio de contributividad al no producirse «una relación equilibrada entre el importe de la prestación reconocida y el esfuerzo de cotización previamente realizado por cada trabajador». En la Recomendación 5 del mencionado informe se especifica además que «La progresiva ampliación de 15 a 25 años del periodo de tiempo utilizado para el cálculo de la base reguladora —que culminará en 2022— implica un reforzamiento de la contributividad del sistema de pensiones», reconociendo explícitamente el número de años cotizados como basamento de esa contributividad. De esta forma, el factor tiempo/años de cotización es determinante en la contributividad en el referido sistema. La univocidad de este principio es irrefutable, y la introducción de otros parámetros no hacen sino distorsionarlo porque no existen otros factores que lo modulen si no es la contribución efectuada al sistema de pensiones por parte de los/as trabajadores/as a lo largo de su vida laboral.

A colación de ello, cabe indicar que la propia Comisión reconoce en la Recomendación 12 que: «la jubilación anticipada sigue utilizándose a menudo como una fórmula de regulación del empleo. A juicio de la Comisión, esta práctica debe modificarse reservándose esta modalidad de jubilación a aquellos trabajadores que cuenten con largas carreras de cotización y que opten por acogerse a ella». Optar significa escoger algo entre varias cosas, según la RAE, lo que implica un acto de voluntariedad. Sin embargo, la dicotomía que la Ley General de la Seguridad Social establece al distinguir entre una anticipación de la jubilación forzada, por un lado, y una anticipación voluntaria, por otro, resulta una ficción jurídica en los casos de las largas carreras de cotización porque, por una parte, el acogerse a la jubilación anticipada por las razones que sea implica un acto de voluntad por parte del trabajador/a que decide por sí mismo hacerlo con independencia de su motivación; pero, por otro lado, porque ese acto de voluntad siempre es resultado de circunstancias atosigantes que empujan al trabajador/a a tomar esa decisión, resultando por tanto que en ningún caso se produce una voluntariedad real, sino una decisión forzada. La casuística es muy plural, y no se puede concretar tan solo en dos ramas en estos casos de vida laboral extensa. Si se atiende a esta diversa casuística en la aprobación de una próxima ley en la materia que nos ocupa para establecer diferenciaciones de trato, desviando así la interpretación unívoca del principio de contributividad del sistema de pensiones como eje fundamental en la vertebración del mismo, se estará legislando en sentido inverso a dicho principio. Este, por sí mismo, otorga objetividad al conjunto normativo sobre pensiones, de tal manera que si el legislador (Gobierno/Ministro) lo distorsiona con peculiaridades diversas podría incurrir en arbitrariedades al establecer criterios que no dejan de ser subjetivos en la aprobación de una ley. Esta dicotomía que puede tener una razón de ser en las jubilaciones con una vida laboral de menos años, se diluye aquí cuando, como consecuencia de una carrera laboral muy larga (40 o más años en la reivindicación de ASJUBI40), la casuística se unifica en una sola, habida cuenta de que la lesividad para estos jubilados/as o trabajadores/as que van a jubilarse con anticipación a la edad legal llega a alcanzar cotas similares por razones múltiples (problemas de salud, paro y precariedad, desgaste profesional con agravamientos físicos, ERE, etc.). Igual razonamiento ha de aplicarse cuando, a la vista de la Recomendación 12, se quiere establecer diferenciaciones según el sector de la actividad en que se produzca la jubilación anticipada; y ello es así porque la dedicación de casi toda una vida al trabajo implica per se una penalidad nada desdeñable para la persona y humanísticamente inaceptable.

La Recomendación 12 del citado informe dice: «la Comisión considera esencial, previa identificación del colectivo, analizar los costes financieros y la equidad actuarial de los coeficientes reductores que se aplican en los casos de jubilación anticipada, poniendo especial atención en la forma de acceso a la misma —voluntaria o forzada por las circunstancias—, los supuestos de carreras de cotización prolongadas y el sector de actividad en que se produzca la jubilación. A la vista de dicho análisis —una vez determinada la situación de aquellas jubilaciones anticipadas en las que la aplicación de coeficientes reductores pueda producir un efecto inequitativo— el Gobierno propondrá una respuesta, en el plazo máximo de 3 meses, a la Comisión del Pacto de Toledo». Cabe recordar al legislador, al Gobierno y al Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que esa doble distinción (acceso voluntario o forzado por las circunstancias, y sector de la actividad en que se produzca la jubilación anticipada) a la hora de realizar el análisis de los costes financieros y la equidad actuarial de los coeficientes reductores, referido en la citada Recomendación, no se tiene en cuenta para nada en otros supuestos de jubilación anticipada como en las denominadas clases pasivas (entre otros), porque en las mismas siempre se produce por voluntad real del trabajador/a al pertenecer a una parte del funcionariado que accede con carreras de cotización inferiores a la mayoría de jubilados, y porque se trata del mismo sector, lo que da lugar a una aparente innecesariedad de realizar esas distinciones cuyo objetivo va encaminado a establecer diferenciación de trato en función de una especificidad concreta en contra de lo que propugna el principio de contributividad. Y digo aparente innecesariedad porque el legislador, al igual que en el caso de las largas carreras de cotización, podría haber optado por realizar distinciones en cuanto a los cuerpos existentes dentro de ese colectivo funcionarial, las funciones desempeñadas, los sectores a los que afectan, etc., con objeto de calibrar «los costes financieros y la equidad actuarial» que el mantenimiento de las condiciones actuales de acceso a la jubilación anticipada del funcionariado de clases pasivas conllevan; y, sin embargo, la anticipación de la jubilación de ese colectivo se puede producir con 60 años de edad, 35 años cotizados y sin ningún tipo de penalización mediante coeficientes reductores, sin establecer especificidades ni comparaciones dentro del mismo. Lo cual lleva a pensar que existe una doble vara de medir según el colectivo del que se trate, que deviene en un modo arbitrario en la forma en la que el legislador actúa (o no lo hace) mediante el establecimiento o mantenimiento de penalizaciones, o la ausencia de las mismas, según el colectivo que acceda a una jubilación anticipada. Existe un periodo de transitoriedad al respecto para las clases pasivas y puede que una justificación de no querer menoscabar derechos adquiridos. Pero ¿no son acaso también derechos adquiridos los derivados de las cotizaciones aportadas por los/as trabajadores/as al sistema de pensiones durante 40 o más años, en virtud del principio de contributividad, y que injusta y sistemáticamente han sido ninguneados por el legislador y el Gobierno de turno? En conjunción con este principio, la equidad en el reparto de las cargas del sistema se vulnera nuevamente, al tiempo que no se respeta el derecho a la igualdad ante la ley reconocido en el artículo 14 de la Constitución española. Es necesario recordar, así mismo, que  el apartado III del Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, relativo a «Orientaciones Comunitarias», manifiesta que «el Pilar Europeo de Derechos Sociales tiene la virtud práctica de elevar a la categoría de derechos sociales de los ciudadanos europeos la realización de los principios de contributividad, suficiencia, igualdad y universalidad en materia de pensiones.(…)». Y añade que la Unión Europea sugiere, respecto a la equidad intergeneracional e intrageneracional que «las reformas deben considerar cuidadosamente la lógica de redistribución y equidad de los sistemas de pensiones» y, entre otros aspectos, «el trato justo de los trabajadores que ingresan temprano al mercado laboral».

Por otra parte, en relación con esta Orientación Comunitaria en lo referido a la equidad intergeneracional, cabe mencionar igualmente que en la Consideración Preliminar del apartado V.RECOMENDACIONES del Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, citada al principio, se dice literalmente que «El Pacto de Toledo se fundamenta en el compromiso firme y duradero de velar por que no se vean mermados los derechos que dimanan de la formulación social del Estado; derechos que son posibles gracias a la solidaridad intergeneracional e intrageneracional, propia del sistema de reparto». Los/as trabajadores/as con largas carreras de cotización (40 o más años, en la reivindicación de ASJUBI40) han realizado o estamos realizando (según se hayan jubilado ya o no) un esfuerzo importante de contribución al sistema de pensiones, de tal manera que la solidaridad intergeneracional de este colectivo en dicho sistema es muy superior a la de los demás, y, en cambio, la aplicación de los coeficientes reductores de por vida en las jubilaciones anticipadas de estas personas conlleva que las mismas sean objeto de un trato inverso, es decir, de una insolidaridad intergeneracional e intrageneracional, produciéndose de esta forma agravios comparativos indeseables. Dicho de otra manera: ¿cómo es posible que los/as que más han aportado al sistema de pensiones para que los futuros jubilados puedan tener una pensión sean castigados injustamente con penalizaciones de por vida que van en sentido contrario al principio de contributividad? ¿Cómo los/as que más solidaridad han aportado son tratados más insolidariamente en el reparto de las cargas de este sistema?

Una última cuestión que quiero plantear es la referente a la necesidad de abordar por parte del Gobierno el sostenimiento del sistema de pensiones y que así lo declara este. En la Recomendación 1 del ya citado informe del Pacto de Toledo se reconoce que «la Comisión también constata que las cotizaciones sociales continúan sufragando gastos de naturaleza no contributiva que, en sentido estricto, deberían ser asumidos por el Estado a través de aportaciones a los presupuestos de la Seguridad Social». Esta intención política de reconducir las fuentes de financiación de los gastos impropios de la Seguridad Social es de alabar. El saneamiento y sostenibilidad del sistema de pensiones resulta imprescindible. Ahora bien, ello no justifica que se sigan manteniendo las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas con largas carreras de cotización porque iría en contra de todos los principios y directrices anteriormente mencionados y contenidos en el informe aprobado por la referida Comisión y por el propio Congreso de los Diputados. Por otra parte, el argumento de que el aumento de la esperanza de vida va en perjuicio del sistema de pensiones hay que ponerlo en cuestionamiento actualmente, porque en las predicciones que se suelen hacer desde ámbitos oficiales y también privados sobre el envejecimiento de la población no se están teniendo en cuenta factores importantes de reciente aparición. A la vista de la actual pandemia provocada por el SARS-CoV-2 y el elevado número de fallecimientos que se está produciendo, fundamentalmente en la población de mayor edad (recordemos que el actual Gobierno ha incluido a las personas mayores de 60 años en los grupos vulnerables a la Covid-19), y teniendo en cuenta lo que se augura desde el ámbito científico sobre posibles pandemias venideras, nuestro mundo se encuentra en una etapa histórica de incertidumbre en la que la esperanza de vida es impredecible, como mínimo a medio plazo. Por consiguiente, no existe justificación ni argumentación en este sentido para mantener las penalizaciones abusivas en jubilaciones anticipadas con largas carreras de cotización como una de las medidas encaminadas al sostenimiento del sistema de pensiones.

 

En resumidas cuentas:

1)     El Informe de Evaluación y Reforma aprobado por la Comisión del Pacto de Toledo y por el Congreso constituye el marco de actuación al que el legislador debería ceñirse, en base al consenso alcanzado y firmado por los grupos políticos. De lo contrario sería una mera puesta en escena.

2)     El principio de contributividad declarado en dicho informe es unívoco y objetivo: relación equilibrada entre el importe de la prestación reconocida y el esfuerzo de cotización previamente realizado por cada trabajador. Ello no se constata en las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas con 40 o más años cotizados.

3)   Cualquier especificidad (formas de acceso a la jubilación anticipada y sector de actividad en que se produzca la jubilación) que persiga modular el principio de contributividad al margen del esfuerzo de cotización daría lugar a interpretaciones arbitrarias a la hora de legislar, en las que las valoraciones procedentes de la subjetividad del legislador entraría en juego, y, por tanto, se distorsionaría la univocidad y objetividad de dicho principio.

4)   Se produce desigualdad ante la ley entre el colectivo de personas con largas carrera de cotización y otros como el de los funcionarios de clases pasivas a la hora de acceder a la jubilación anticipada, siendo el primero de ellos tratado claramente de forma discriminatoria.

5)   Los coeficientes reductores a las jubilaciones anticipadas con 40 años o más produce inequidad en el reparto de las cargas del sistema de pensiones, porque se aporta más al mismo y se percibe menos en las cuantías recibidas. Penalización, además, DE POR VIDA.

6)   La solidaridad intergeneracional del colectivo de jubilados/as y futuros/as jubilados/as con largas carreras de cotización es mucho mayor que la de los demás y, sin embargo, los recortes a sus pensiones revierten en una insolidaridad hacia ellos.

7)     El Gobierno y el Sr. Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones deberían considerar los principios y directrices aprobados en el seno del Pacto de Toledo (y eso se espera) y, en base a los mismos, adoptar decisiones legislativas objetivas y no arbitrarias, equitativas y no injustas e insolidarias, igualitarias y no discriminatorias. Para lo cual, sería necesario que, de una vez, SE SUPRIMAN LOS COEFICIENTES REDUCTORES A LAS JUBILACIONES ANTICIPADAS CON 40 O MÁS AÑOS COTIZADOS, DE FORMA GENERALIZADA Y SIN DISTINCIONES, PARA ACTUALES Y FUTUROS/AS JUBILADOS/AS.

Por último, cabe recordar al Gobierno y al Sr. Ministro que desde ASJUBI40 se viene insistiendo en el mensaje de que “el voto tiene memoria”. Y la tiene, SIN LUGAR A DUDAS.


En Contrainformacion.es  16 de marzo de 2021   https://contrainformacion.es/arbitrariedad-en-las-penalizaciones-a-las-jubilaciones-anticipadas-con-40-anos-o-mas-cotizados/


¿QUIÉN GANA CON LAS PENALIZACIONES A LAS JUBILACIONES ANTICIPADAS CON 40 O MÁS AÑOS COTIZADOS?

 

Existe una lógica irrefutable que gira en torno a la redistribución equitativa de derechos y obligaciones dentro de una sociedad. O lo que es lo mismo, redistribución de derechos y de cargas. Por ejemplo, la igualdad de trato en la proporcionalidad entre años cotizados y pensión recibida, en el primer caso, y la no concentración de las cargas de un sistema (como el de las pensiones) sobre un grupo social concreto, en el segundo de ellos. Utilizando esa lógica inexcusable, miles de personas desde dentro y fuera del colectivo de ASJUBI40 nos hacemos con frecuencia cuestionamientos cargados de perplejidad acerca de las políticas implementadas y proyectadas por los gobernantes con las que se abordan las pensiones de personas con largas carreras de cotización que se han jubilado o pretenden jubilarse anticipadamente. Un colectivo a extinguir dadas las enormes dificultades que desde hace años se vienen produciendo para el acceso al mercado de trabajo y el consecuente retraso en la edad para ello por parte de los jóvenes.

Lo paradójico de estas políticas es que son los propios gobiernos los que conducen a situaciones kafkianas, incomprensibles para la mayoría de la ciudadanía por las contradicciones que conllevan. Señalemos algunas muy visibles:

1)  Por un lado, las personas que llevan trabajando toda una vida (¿40 años o más no son suficientes?) tienen la necesidad de dejar de hacerlo porque la vida es solo una y el cuerpo aguanta hasta un límite, se trate del sector laboral del que se trate, habida cuenta de que es el factor tiempo lo que produce el desgaste y su repercusión directa en la salud. Estas personas NECESITAN salir del mercado de trabajo con una pensión sin reducciones que por derecho les corresponde gracias a su enorme contribución al sistema de pensiones, en virtud de los principios de contributividad y del de equidad en el reparto de las cargas de dicho sistema, declarados y aprobados por la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, en su sesión del día 27 de octubre de 2020, y posteriormente por el Congreso de los Diputados del Estado español el 19 de noviembre de 2020.

 

2)    Por otro lado, están los que ya se han acogido a una jubilación anticipada después de más de cuarenta años de trabajo, que han sido expulsados del mercado laboral mediante despido o ERE, y que se han visto abocados a acogerse a una jubilación anticipada con coeficientes reductores para poder subsistir. Estas personas NECESITAN igualmente que se les restituya su pensión sin penalizaciones, en virtud de los mencionados principios de contributividad y de equidad en el reparto de las cargas.

 

3)  En tercer lugar, están los jóvenes que encuentran enormes dificultades para acceder al mercado laboral, sobre todo en condiciones dignas; y los menos jóvenes, parados de larga duración, que se encuentran desesperados. Todos ellos NECESITAN un empleo para poder vivir dignamente. El cuello de botella que genera las penalizaciones DE POR VIDA de las jubilaciones anticipadas con largas carreras de cotización al pretender alargar la vida laboral de los/as que ya llevan buena parte de su tiempo vital trabajando impide que se liberen miles de puestos de trabajo para todos/as los/as que están intentando acceder al mercado laboral o se encuentran expulsados  del mismo. El gasto en desempleo generado para el Estado se reduciría si se les dejara paso en sustitución de los/as que llevamos toda la vida trabajando, como también se reducirían las cifras que periódicamente se publican sobre el número de parados existente en nuestro país.

 

4)   ¿Y los empleadores? Tanto en el ámbito privado como en el público, ¿no necesitan, acaso, contar con trabajadores más jóvenes o que no se encuentren físicamente desgastados por el trabajo de toda una vida? ¿No NECESITAN renovar su plantilla y obtener una mayor productividad?

 

5)   ¿Y la Sanidad Pública? Si la prolongación forzada de la vida laboral después de 40 o más años de trabajo da lugar a un empeoramiento de patologías con el consecuente gasto sanitario público que ello conlleva, ¿de verdad que supone un ahorro para el Estado intentar atar laboralmente sin escrúpulos a este colectivo de personas que llevan desde tempranas edades sin descansar? Y aquí no vale el argumento de que son competencias delegadas a las Comunidades Autónomas, porque el aumento del gasto de las mismas ¿no implica una mayor necesidad de transferencia de recursos desde el Gobierno Central?

 

Si el Gobierno suma los gastos en prestaciones por desempleo y los derivados del incremento de los servicios sanitarios que se prestan, a la vista de las razones expuestas anteriormente, ¿dónde se halla el ahorro para el Estado cuando se penalizan a las jubilaciones anticipadas con 40 o más años cotizados?

 

Si cada Ministro de un Gobierno defiende sus competencias como si de una parcela se tratara, sin tener en cuenta las repercusiones en los demás Ministerios y actuando como si fueran compartimentos estancos, los desequilibrios e incongruencias saltan enseguida. Y así ocurrirá si el Sr. José Luis Escrivá atiende exclusivamente a los intereses concretos de su cartera ministerial, ignorando de motu propio las repercusiones que sus decisiones puedan generar en el Ministerio de Trabajo, por ejemplo. El Gobierno de un país es un todo, y las actuaciones diversas de cada Ministerio no deberían ir cada una por su lado y ser contradictorias entre sí menoscabando unas a las otras, sino, por el contrario, deberían llevarse a cabo de manera coordinada y equilibrada. ¿Se produce así en materia de pensiones? Esto es lo que no se evidencia.

 

¿Quién gana, pues, con las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas con largas carrera de cotización? ¿Quién gana con estas políticas incongruentes?

 

¿Ganan los que se han jubilado anticipadamente o necesitan hacerlo con 40 años o más trabajados (y cotizados) viendo los derechos económicos de sus pensiones mermados porque se ignora deliberadamente su contribución al sistema de las mismas y sus derechos adquiridos?

 

¿Ganan los jóvenes y los parados en general porque la oferta de empleo está limitada en tanto que no se liberan miles de puestos de trabajo al estar ocupados por la generación de personas que llevan trabajando toda una vida, habiendo contribuido sobradamente, y a las que se pretenden seguir atando con penalizaciones vitalicias para que no se jubilen antes de la edad legal?

 

¿Gana el Estado si, como consecuencia de lo anteriormente indicado, las cifras de parados crecen y tiene que desembolsar más cantidad de dinero por las prestaciones de desempleo?

 

¿Gana la Sanidad Pública si, a raíz de los problemas de salud que genera el alargamiento indeseado de la vida laboral en personas que llevan cuarenta o más años de trabajo, los requerimientos de los servicios sanitarios son mucho mayores y el gasto en los mismos también?

 

¿Ganan los empresarios y los empleadores públicos con plantillas agotadas después de toda una vida de trabajo, y con una productividad disminuida en consecuencia? ¿Gana el país por esta misma razón?

 

¿Gana un país que pretende ser competitivo en el ámbito internacional pero que, paradójicamente, sus gobernantes adoptan estrategias encaminadas a mantener una plantilla de recursos humanos envejecida en todos los sectores productivos y de servicios?

 

Después de cada uno de estos cuestionamientos, cabe volver a preguntarse: ¿quién gana con estas políticas que penalizan de por vida a las jubilaciones anticipadas con cuarenta años o más cotizados (trabajados)? Tal vez la respuesta de todo esto está en que, como se suele decir a menudo, “gana la banca”.


En Contrainformacion.es  1 de marzo de 2021  https://contrainformacion.es/quien-penalizaciones-jubilaciones-anticipadas/

LA INVOLUNTARIEDAD DE LAS JUBILACIONES ANTICIPADAS VOLUNTARIAS CON LARGAS CARRERAS DE COTIZACIÓN

 Cuando hace varios años Mario Tuya Entrialgo inició una petición de firmas a través de la plataforma change.org para presentarla en el Congreso de los Diputados y en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con objeto de que el Gobierno de aquel entonces suprimiera las penalizaciones de por vida en las jubilaciones anticipadas con cuarenta o más años cotizados, nadie podía imaginar que poco tiempo después esa iniciativa diera lugar a una movilización de miles de jubilados y futuros jubilados con esas largas carreras de cotización, que tuvo con la iniciativa de Mario el punto de partida. En su petición decía literalmente: «si yo me quiero retirar con mi pensión íntegra, sin ningún tipo de penalización, tendré que hacerlo a los 65 años y habré acumulado 45 años de trabajo, casi medio siglo trabajando. Mientras que habrá otros que podrán retirarse habiendo trabajado “sólo” 36 años, 9 menos que yo. Parece un poco injusto, ¿no? (…) Pero también creo que buena parte del éxito y la aceptación de este sistema residirá en su justicia y en su capacidad para reconocer el esfuerzo de aquellos que han cotizado más que el resto (…) Por eso he iniciado esta petición para que, además de mínimos, el Gobierno incluya máximos en la legislación sobre pensiones. Un máximo de años cotizados (¿40 años?) a partir del cual un ciudadano pueda acceder a su pensión completa sin necesidad de llegar a los 65 años de edad». Lo que Mario instaba con sus palabras es al reconocimiento íntegro de la vida laboral de las personas, desde su inicio hasta su final, para percibir la pensión íntegra. En cambio, con el modelo actual de nuestro sistema de pensiones no se atiende a cuándo se inicia la vida laboral, sino a la edad de retiro. 

Quiero recordar las palabras de Mario porque, además del gran mérito que tiene al haber planteado en serio un debate público hasta ese momento inexistente, en ningún momento hizo distinción sobre si esa anticipación de la jubilación de las personas con 40 o más años cotizados puede venir motivada por el hecho de haber salido del mercado laboral como consecuencia de un despido o de un ERE, o porque después de toda una vida trabajando el desgaste físico y mental del trabajador/a le lleva a buscar POR NECESIDAD la jubilación.

Sigamos haciendo un poco de historia. La petición de Mario Tuya se presentó ante el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y ante el Congreso de los Diputados con 375.000 firmas, si bien en la plataforma change.org continuaron produciéndose hasta alcanzar cerca de 428.000 firmas, según datos obtenidos de internet. Pienso, que de haber continuado la petición en dicha plataforma, hubiera ascendido a mucho más. El mensaje de Mario era bien claro: «40 años cotizando deberían ser suficientes para jubilarse sin penalizaciones de por vida». Después de esta iniciativa, él mismo promovió la creación de la ya conocida asociación ASJUBI40 para conseguir este mismo objetivo. Sin ninguna duda yo firmé la petición y posteriormente me integré en la citada asociación. Hasta entonces, no se decía nada acerca de cuáles son los motivos que conducen a una persona a acogerse a la jubilación anticipada en estos casos de largas carreras de cotización. Y ello ha sido así porque esa dialéctica es absolutamente ajena al mensaje de Mario, que tanta gente apoyó y seguimos apoyando. El discurso de ASJUBI40 es el de que se repare la gran injusticia de aplicar coeficientes reductores DE POR VIDA a las jubilaciones anticipadas con 40 o más años cotizados, sin entrar en la disyuntiva de si son forzosas o voluntarias. Sin embargo, ya se está anunciado por parte del propio Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que la forma de acceder a la jubilación anticipada será un factor a tener en cuenta, privilegiando a las denominadas forzosas respecto de las voluntarias. E, igualmente, no paramos de encontrarnos con artículos publicados en distintos medios (cuya procedencia y fines desconocemos los/as integrantes de ASJUBI40) en los cuales se pone el énfasis en los casos de jubilados/as anticipadamente que se han visto abocados a acogerse a la misma por haber salido del mercado laboral. Son situaciones complejas que merecen ser comprendidas sin ningún tipo de duda. Sin embargo, igual comprensión merecen los numerosísimos casos (incluidos también en los más de 530.000 afectados por los coeficientes reductores) de personas con largas carreras de cotización que deciden abandonar el mercado laboral y acogerse a la jubilación anticipada por la también compleja situación que implica permanecer trabajando más allá de cuarenta años laborales, con un desgaste físico y mental que hace difícil la vida. Es decir, que se indica en esas noticias publicadas en tales medios de comunicación la cifra de afectados (más de 530.000), pero solo se visibiliza una parte de ellos al ocultar en la redacción de esos comunicados los casos de las jubilaciones anticipadas voluntarias de este colectivo, que además tienen un gran peso en el mismo. Que quede claro que este artículo de la que suscribe lo que pretende es centrar un discurso que se está desviando a través de la difusión de esas noticias tendenciosas, sin que de ello sean responsables los medios de comunicación en los que aparecen, sino los autores externos que se encuentran detrás de las mismas.

Decir que las jubilaciones anticipadas con largas carreras de cotización son voluntarias o forzosas es una forma de expresión que afecta más a la semántica de los vocablos que a la realidad que estos encierran, porque, como es sabido, la significación de un término viene condicionada por el contexto, y el contexto de los/as que deciden acogerse “voluntariamente” a una jubilación anticipada con cuarenta o más años de trabajo (y cotización) tiene que ver con un importante desgaste profesional, con la merma de capacidades por la enorme “mochila” que se lleva a cuestas, con el gran estrés que produce el desfase entre las exigencias del ámbito laboral y las dificultades físicas para cumplir con ellas, o con intentar cumplir obligaciones laborales a base de pastillas para controlar la tensión, las arritmias, los dolores de diversa etiología, el empeoramiento de enfermedades crónicas, o con operaciones quirúrgicas de aquí y de allá… Es decir, a base de ir arrastrándose cada día delante de jefes que con bastante frecuencia poco o nada entienden de estas condiciones. ¿Qué voluntariedad real existe, por tanto, en estos casos de las mal llamadas jubilaciones anticipadas “voluntarias” cuando se cuenta con largas carreras de cotización? Una anticipación que, dicho sea de paso (y no es baladí), se trata tan solo de dos años antes de la edad legal, a cambio de una “sádica recompensa” consistente en una penalización DE POR VIDA con coeficientes reductores.

Tan justificados están los que pierden el empleo para acogerse a la jubilación anticipada, como aquellos/as que lo hacen para recuperar unas condiciones de vida compatibles (valga la redundancia) con la propia vida. Porque, efectivamente, trabajar más allá de 40 años es verse abocado con mayor probabilidad a no entrar en las elocuentes cifras con las que los políticos (gobernantes o no) intentan demostrar el aumento de la esperanza de vida como argumento para justificar endurecimientos en el sistema de pensiones, en tanto desplazan el foco de atención con objeto de impedir recordar a la ciudadanía que durante muchos años los sucesivos gobiernos han esquilmado las reservas de las cotizaciones al dedicarlas a fines impropios que no tienen nada que ver con el pago de las pensiones contributivas. Repito: abocados a no entrar en las elocuentes cifras del aumento de la esperanza de vida.

En cualquier caso, la casuística tanto de los que salen del mercado laboral como de los que no lo hacen es muy dispar, y no se puede generalizar exponiendo que alguno de estos dos subgrupos (jubilaciones anticipadas forzosas y jubilaciones anticipadas voluntarias) sea más perjudicado que el otro por los coeficientes reductores. Por ejemplo, se dan con frecuencia situaciones de personas que con 55 años o algo más han salido del mercado laboral mediante un ERE con condiciones ventajosas (indemnizaciones importantes, además de desempleo…), aunque posteriormente la penalización en su pensión sea igualmente de injusta que el resto de los casos. Otros muchos, en cambio, llegan a una situación de precariedad económica vitalicia. En tanto que aquellos que han continuado trabajando hasta los 63 años, aunque no han perdido su empleo, sin embargo, han llegado “arrastrándose” con problemas físicos (muchos/as de ellos/as en condiciones deplorables) dos años antes de la edad legal (mientras que el recorte de la pensión con coeficientes reductores es para siempre); es decir, con 63 años y un mínimo de 40 años cotizados y trabajados, con independencia del sector en el que haya empleado, porque en todos los sectores el peso de la gran cantidad de años de trabajo conlleva per se un plus de penalización física y la dedicación de toda una vida al mismo. La casuística, como digo, es amplia; sin embargo, la injusticia de aplicar los coeficientes reductores DE POR VIDA es la misma para todas las situaciones con largas carreras de cotización.

Pero el discurso estará siempre mal planteado si se atiende a las razones que llevan a las personas a acogerse a la anticipación de la jubilación teniendo largas carreras de cotización (40 años o más, en la defensa que hacemos desde ASJUBI40). En todas ellas (la salida del mercado laboral, por un lado, y el desgaste físico-profesional que deriva en problemas de salud real, por otro) existen sobradas razones que conducen inexorablemente a no dudar de la urgencia de ser atendidas convenientemente por los gobernantes. Sin embargo, la dialéctica no debe ser  esa, sino que es aquella que debe poner el punto de mira en la acción o en la omisión del Gobierno de España: acción por parte del Gobierno que años atrás estableció la aplicación de los coeficientes reductores citados, omisión por parte del Gobierno actual al no suprimirlos. “40 años cotizando deberían ser suficientes para jubilarse sin penalizaciones de por vida”. Este es el mensaje con el que partió y que reivindica ASJUBI40 y no otro; y este Gobierno y el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Sr. José Luis Escrivá, deberían atender ese mensaje sin distinciones sobre las motivaciones que conducen a las personas con largas carreras de cotización a buscar la anticipación de la jubilación. De lo contrario, paradójicamente, es el propio Gobierno quien propicia situaciones injustas y esclavistas. Porque ¿acaso no se fomentan las situaciones esclavistas al intentar atar a los/as trabajadores/as que llevan trabajando toda una vida a que continúen haciéndolo aún más? Y digo paradójicamente, porque en un Estado Social y Democrático de Derecho, como es el nuestro, es inconcebible que sean los mismos Gobiernos los que provoquen por acción u omisión (como he indicado antes) esas aberraciones del Estado del Bienestar que dan lugar a las situaciones esclavistas mencionadas. No es para infravalorarlas. Países de nuestro entorno geopolítico, como Portugal, así lo han entendido cuando han suprimido las penalizaciones citadas de las jubilaciones anticipadas. Y no es el único en la Unión Europea.

El principio de contributividad declarado explícitamente en el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, aprobado por la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, en su sesión del día 27 de octubre de 2020, y posteriormente por el Congreso de los Diputados del Estado español el 19 de noviembre de 2020, es un principio que avala en toda su amplitud la petición de ASJUBI40 consistente en la supresión de los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas con 40 o más años cotizados, porque, tal como manifiesta dicho Informe, el principio de contributividad es entendido literalmente como «la existencia de una relación equilibrada entre el importe de la prestación reconocida y el esfuerzo de cotización previamente realizado por cada trabajador». Y, en base al mismo, no existe razón alguna que justifique una distinción entre las causas  que llevan a los/as trabajadores/as a acogerse a la jubilación anticipada con largas carreras de cotización porque de lo que se trata realmente es de los años cotizados; es decir, de la contribución al sistema. ¿Alguien duda de que con 40 o más años cotizados no se ha contribuido suficientemente al sistema de pensiones? Ese es el quid de cuestión y no otro, porque en todos los casos de largas carreras de cotización el principio de contributividad se cumple sobradamente, y porque tan legítimo es reclamar la supresión de las penalizaciones en las jubilaciones anticipadas con 40 o más años cotizados por ser expulsado del mercado laboral como por ser expulsado de su propia vida si antes no se ha acogido a una jubilación involuntariamente voluntaria.

Recordemos el mensaje: ASJUBI40 LO QUE REIVINDICA ES LA SUPRESIÓN DE LOS COEFICIENTES REDUCTORES EN JUBILACIONES ANTICIPADAS (SIN DISTINCIONES) CON CUARENTA AÑOS O MÁS COTIZADOS, QUE ES LO MISMO QUE DIJO MARÍO TUYA ENTRIALGO: “40 años cotizando deberían ser suficientes para jubilarse sin penalizaciones de por vida”.



En Contrainformacion.es  13 de febrero de 2021  https://contrainformacion.es/involuntariedad-jubilaciones-anticipadas/

EL PRINCIPIO DE CONTRIBUTIVIDAD DE LAS PENSIONES Y LAS LARGAS CARRERAS DE COTIZACIÓN

 

En el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, aprobado por la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, en su sesión del día 27 de octubre de 2020, y posteriormente por el Congreso de los Diputados del Estado español el 19 de noviembre de 2020, se menciona expresamente que: «la Comisión constata la necesidad de preservar y reforzar el principio de contributividad, entendido como la existencia de una relación equilibrada entre el importe de la prestación reconocida y el esfuerzo de cotización previamente realizado por cada trabajador». Y en la Recomendación 5 de dicho informe se especifica además que «La progresiva ampliación de 15 a 25 años del periodo de tiempo utilizado para el cálculo de la base reguladora —que culminará en 2022— implica un reforzamiento de la contributividad del sistema de pensiones», reconociendo explícitamente el número de años cotizados como base de cálculo de esa contributividad.

El principio de contributividad pretende, pues, una correlación proporcional entre la contribución realizada por los/as trabajadores/as al sistema de pensiones y lo que, llegada la hora de su jubilación, estos/as perciban como pensión. Consecuentemente, es un principio que está estrechamente vinculado con el de equidad en el reparto de las cargas de dicho sistema, también reconocido en el Informe del Pacto de Toledo citado anteriormente, porque de la mayor o menor amplitud en el sostenimiento de estas cargas nacen unos derechos en los/as jubilados/as que corrigen las inequidades que pudieran producirse a priori, y, por tanto, igualmente está vinculado con el derecho a la igualdad declarado en el artículo 14 de nuestra Constitución. De no aplicarse el principio de contributividad los agravios comparativos entre los pensionistas (tanto individualmente como según el colectivo al que pertenezcan) se intensificarían. Y digo intensificarían porque ya de por sí existen colectivos que a las claras soportan menos cargas que otros, lo cual sería objeto de un análisis comparativo. De hecho, desde la asociación ASJUBI40 ese agravio comparativo se viene denunciando periódicamente.

En el caso de los/as trabajadores/as con largas carreras de cotización que se jubilan anticipadamente, de forma voluntaria o forzosa, lo que realmente cuenta es el enorme esfuerzo de contribución al sistema de pensiones (40 años o más), y que ASJUBI40 insiste una y otra vez en que sea reconocido mediante la supresión de los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas de estos. Personas (que no números) que hemos iniciado nuestra vida laboral a edades muy tempranas, y cuya prolongación en el mercado de trabajo más allá de ese número de años trabajados y cotizados no puede considerarse de otra forma que no sea la de esclavitud.

El Informe aprobado por el Pacto de Toledo y por el Congreso de los Diputados recoge el principio de contributividad, como también lo hace la Unión Europea. El apartado III de dicho informe, relativo a «Orientaciones Comunitarias», manifiesta que «el Pilar Europeo de Derechos Sociales tiene la virtud práctica de elevar a la categoría de derechos sociales de los ciudadanos europeos la realización de los principios de contributividad, suficiencia, igualdad y universalidad en materia de pensiones.(…)». Y añade que la Unión Europea sugiere, respecto a la equidad  intergeneracional e intrageneracional que «las reformas deben considerar cuidadosamente la lógica de redistribución y equidad de los sistemas de pensiones» y, entre otros aspectos, «el trato justo de los trabajadores que ingresan temprano al mercado laboral».

Por su parte, el mismo Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Sr. José Luis Escrivá, reconoció durante la sesión de la Comisión del Pacto de Toledo celebrada el 5 marzo de 2020 que la aplicación de los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas de personas con largas carreras de cotización (40 años o más) provoca «una situación intrísecamente injusta». Y TODOS (insisto, TODOS) los representantes de los partidos políticos asistentes expresaron claramente por unanimidad su apoyo a la supresión de estos coeficientes reductores por la injusticia manifiesta que implican. Sin embargo, en el resultado final concretado en el ya mencionado Informe del Pacto de Toledo la reivindicación de ASJUBI40, consistente en la supresión de esos coeficientes reductores en los casos de jubilaciones anticipadas con 40 o más años cotizados, no se recoge en absoluto, sino que se deja condicionada la decisión a un estudio posterior que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y M. tiene que realizar evaluando la implicación en el gasto que supondría la eliminación de esos coeficientes reductores. A esta fase se ha llegado sin tener en cuenta las declaraciones que todos ellos (los representantes de los partidos políticos integrantes del Pacto de Toledo) realizaron en marzo. ¿Declaraciones realizadas tal vez «para salir en la foto»?, ¿tal vez para mostrar una imagen pública de estar a favor de la justicia social?, ¿tal vez se trata de «una situación intrísecamente injusta» cuando no existe un vínculo legal inmediato para eliminarla y, en cambio, llegado el momento de introducirla en una ley ya carece de tal consideración y deja de ser «intrínsecamente injusta»?

El principio de contributividad implica la adquisición de derechos en función de esa contribución al sistema de pensiones. Esos derechos adquiridos están siendo sistemáticamente ninguneados por los sucesivos gobiernos de nuestro país en el caso de las personas con largas carreras de cotización que se jubilan anticipadamente. Que un texto legal no los tenga en cuenta y por el contrario establezca la aplicación de los coeficientes reductores no quiere decir que no existan, porque el propio principio de contributividad proclamado y aprobado por el Pacto de Toledo y por la Unión Europea los legitima.

Los «globos sonda» que últimamente estamos recibiendo la ciudadanía a través de los medios de comunicación, advirtiendo de la intencionalidad del Sr. Escrivá de endurecer determinados aspectos importantes del sistema de pensiones, nos deja nuevamente perplejos a los/as que hemos depositado nuestra esperanza en partidos políticos como el PSOE que abiertamente se confiesan defensores de la justicia social. Aquellos viernes negros en los que el Partido Popular de M. Rajoy, a través de su portavoz, comunicaba a la ciudadanía y a los medios de comunicación las medidas de recortes socialmente sádicas, no quedan tan lejos; pero eran medidas que formaban parte de un ideario propio del neoliberalismo y de las derechas, defensoras a ultranza de intereses concretos ligados al poder económico. Eran medidas duras, pero para muchos/as casi no nos cogían por sorpresa. La fusta, a las claras, se la ve venir. En cambio, hacer declaraciones de principios de defensa de la justicia social, de no implementar políticas de recortes sino de revertirlas, de mejorar el sistema de pensiones acudiendo, si ello fuera necesario, a LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO, para no perjudicar a los pensionistas, tal como el PSOE manifestó en sus campañas electorales, y, sin embargo, una vez llegado al Gobierno, dar un giro de timón y apuntar hacia endurecimientos en el sistema de pensiones que no hacen sino menoscabar derechos, ello da lugar, sin duda, cuanto menos al desconcierto. De las derechas neoliberales se pueden esperar políticas así; de los que se les llenan la boca con vocablos grandilocuentes de declarado socialismo, de esos no se esperan, porque es una forma sibilina de actuar haciendo lo contrario de lo que se dice. Y resulta que, a estas alturas de nuestras vidas, los/as mayores y los/as que nos aproximamos a esa etapa de la vida ya tenemos demasiada experiencia acumulada como para que nos engañen una vez más.

Efectivamente, los gobernantes de distinto signo político nos engañaron durante muchos años, con la connivencia de los medios de comunicación más cercanos al poder económico y político, diciéndonos a la ciudadanía con persistencia que el sistema de  pensiones se encontraba al borde de la quiebra, en tanto los sucesivos gobiernos desde el año 1989 fueron metiendo la mano en las cotizaciones de millones de trabajadores/as con objeto de sufragar gastos impropios que no tenían nada que ver con las pensiones contributivas, tal como el propio Informe aprobado el 27 de octubre por la Comisión del Pacto de Toledo reconoce en la Recomendación I: «la Comisión también constata que las cotizaciones sociales continúan sufragando gastos de naturaleza no contributiva que, en sentido estricto, deberían ser asumidos por el Estado a través de aportaciones a los presupuestos de la Seguridad Social. No es un asunto menor; el hecho de que las cuotas de empresas y trabajadores sean utilizadas para financiar políticas estatales con entidad propia, más allá de la Seguridad Social, explicaría en buena medida el déficit actualmente existente». Y prosigue: «En primer lugar, las tensiones generadas por la sobrecarga de las cotizaciones han alentado un falso conflicto intergeneracional que oculta que, durante años, los excedentes del sistema se utilizaron para financiar otras políticas sociales y el desarrollo del propio sistema del Estado del Bienestar.

 En segundo lugar, el desequilibrio presupuestario ha derivado en la concesión de préstamos del Estado a la Seguridad Social, cuando las reservas financieras del sistema habrían sido suficientes para cubrir las prestaciones contributivas».

Sin embargo, para justificar lo injustificable de los futuros recortes que el Sr. Escrivá pretende implementar en el sistema de pensiones y que se nos viene advirtiendo a la ciudadanía, se vuelve a recurrir a la falacia de la amenaza de la quiebra del sistema, esta vez con las casi inminentes jubilaciones de la generación baby boom. Así lo apunta el reciente artículo publicado hace unos días en este mismo diario digital por el senador del PSOE por Córdoba y Portavoz de Seguridad Social en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Senado, Sr. Alfonso Muñoz Cuenca, que, eludiendo las manifestaciones que sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones ya reconoce el propio Pacto de Toledo en cuanto a que «las reservas financieras del sistema habrían sido suficientes para cubrir las prestaciones contributivas» , vuelve a insistir una vez más en el argumento de que el problema se encuentra en el aumento de la esperanza de vida de la población y en las próximas jubilaciones de la llamada generación baby boom, y justifica la aplicación de los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas sin tener en cuenta el principio de contributividad recogido en el informe aprobado por el Pacto de Toledo. Precisamente una generación de personas que durante tantos años (toda una vida) ha soportado o estamos soportando las cargas del sistema de pensiones y a la que ahora se le atribuye la culpa de que de nuevo este sistema se tambalea y puede peligrar si no se aplican recortes venideros. Pero ¿cuántos de los senadores/as, de los diputados/as, de los ministros/as y de los asesores de todos ellos pertenecen a esa generación del baby boom? ¿De qué parapeto disponen todos ellos para no manifestar ningún temor a los recortes anunciados de las pensiones, como se deduce del alegato del Sr. Muñoz Cuenca? ¿Qué blindajes los protegen?

Mientras se intenta de nuevo infundir temor a la ciudadanía con argumentos basados en el envejecimiento de la población y la irrupción de las jubilaciones de la generación del baby boom como responsables de la merma de las arcas de las pensiones, se está desviando el foco de atención de los miles de millones de euros que se han esquilmado de las mismas durante varias décadas por los sucesivos Gobiernos. Ello supone fundamentar el sostenimiento del sistema en una insistente falacia. Por tanto, ese hilo argumental carece de fundamento real que justifique la no supresión de los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas en los casos de los/as trabajadores/as con largas carreras de cotización (40 años o más). Dicho sea de paso, esa construcción argumental tampoco sustenta el doble agravio comparativo que sufrimos las mujeres de este colectivo al penalizarnos además con la eliminación del derecho al complemento de maternidad correspondiente por ser madres de dos o más hijos/as si nos acogemos a la jubilación anticipada. ¿Acaso el acogernos a la jubilación anticipada nos suprime la condición de madres? ¿Es el hecho motivador de ese derecho al complemento de maternidad (haber tenido dos o más hijos/as) una ficción cuando se adelanta la jubilación respecto de la edad legal? Esta doble penalización no es algo baladí.

La línea neoliberal que impera en Europa se filtra desgraciadamente con demasiada frecuencia en políticas concretas de partidos como el PSOE en el caso que nos ocupa, para desconcierto de los/as que hemos depositado nuestras esperanzas de cambios reales y de justicia social en organizaciones políticas supuestamente progresistas. Siempre existen intereses de poderes económicos que pretenden la privatización o semiprivatización de los recursos y ámbitos públicos, en este caso de las pensiones, y, para ello, utilizan el poder político con objeto de menoscabar el sistema público de las mismas, infligiendo daño a la población a través de medidas de recortes y mermando una parte sustancial del Estado del Bienestar mediante el deterioro de la protección social del sistema público de pensiones y el no reconocimiento de derechos adquiridos. 

El principio de contributividad nos otorga a los/as que llevamos a nuestras espaldas largas carreras de cotización una razón mayor que la legal: la razón moral, al tiempo que nos otorga la legitimidad de unos derechos adquiridos que implícitamente se hallan en el propio Derecho positivo. Y este Gobierno, a través del Sr. Ministro Escrivá, los ningunean. Se está enviando mensajes en el sentido de proseguir con la penalización DE POR VIDA con coeficientes reductores a miles de ciudadanos y ciudadanas que desde la adolescencia o casi adolescencia hemos contribuido o estamos contribuyendo a levantar el país con nuestro esfuerzo, y hemos o estamos sosteniendo con nuestras cotizaciones de toda una vida un sistema de pensiones constantemente esquilmado por los gobiernos. Que el PSOE beba de las mismas aguas neoliberales que sus predecesores con este tipo de políticas no solo supone una decepción para los/as que depositamos la confianza en sus representantes como opción de gobierno, sino que supone igualmente una traición. Pero penalizar DE POR VIDA con coeficientes reductores a un colectivo que ha levantado el país durante casi toda su vida y que lo que pretende es sencillamente recuperarla en el último tramo, conlleva otras implicaciones. El Sr. Ministro debería sopesar no solo el coste económico que implicaría la eliminación de esos coeficientes reductores, sino también el coste político que la no eliminación de los mismos arrastrará. Porque el colectivo de jubilados o próximos a jubilar (y sus familiares) con largas carreras de cotización sabemos que también se puede penalizar en LAS URNAS a un partido político que les ha traicionado tanto verbalmente como con medidas legislativas lesivas. Penalizarlos en las urnas, sí, pero penalizarlo igualmente DE POR VIDA.


En 65ymas.com 31 de enero de 2021. https://www.65ymas.com/opinion/cartas-al-director/principio-contributividad-pensiones-largas-carreras-cotizacion_23728_102.htm

LA BUENA SUERTE, DE ROSA MONTERO

Crítica literaria realizada por mí a la novela La buena suerte , de Rosa Montero (Edit. Alfaguara, 2020). Ha sido publicada el 14 de junio d...